Informe sobre políticas AIDSWatch 2023
AIDSWatch es el evento más grande a nivel nacional de defensa del VIH, liderado por constituyentes del país. Durante 30 años, las personas con VIH y nuestros aliados, hemos defendido a nivel estatal, local y nacional las políticas que sabemos que pondrán fin a la epidemia del VIH. En este 30° Aniversario de AIDSWatch, continuamos esta labor de defensa centrándonos en las políticas relacionadas con la calidad de vida, el acceso a la atención médica, los derechos civiles, el envejecimiento con VIH, la despenalización del VIH y la financiación federal. Todo ello en el contexto tanto de la pandemia de COVID-19 como del brote de viruela símica o del mono, que siguen afectando de manera desproporcionada a nuestras comunidades. Aunque se ha producido un enorme progreso desde aquel primer AIDSWatch, seguimos necesitando una defensa enérgica del VIH.
AIDSWatch es organizado por AIDS United, en colaboración con el US People Living with HIV Caucus y el Center for Health Law and Policy Innovation. Uno de los valores fundamentales del movimiento es la participación coherente de las personas con VIH y SIDA o Participación Significativa de las Personas con VIH/SIDA (Meaningful involvement of People Living with HIV/AIDS – MIPA por sus siglas en inglés). Estos principios garantizan que las comunidades más afectadas por el VIH participen en la toma de decisiones a todos los niveles de respuesta, incluidas las políticas. MIPA requiere dedicación, planificación y evaluación, compromiso institucional y defensores que ayuden a impulsar su desarrollo y evaluación continua. Este es un trabajo exigente, pero la inversión en la Participación Significativa de las Personas con VIH/SIDA (MIPA) es fundamental, factible y vale la pena. Como participantes actuales de AIDSWatch, les invitamos a que sus oficinas implementen en su trabajo los valores de MIPA de manera más formal y a que mantengan la conexión con sus constituyentes con VIH, como expertos en el tema. Nos complace estar hoy aquí con ustedes compartiendo nuestros conocimientos y experiencias.
Calidad de vida
Siete políticas concernientes a calidad de vida. Estos cambios en las políticas mejorarán la calidad de vida de las personas con VIH.
Ampliar Medicaid para mejorar el acceso equitativo a la atención médica. Doce estados aún no han ampliado Medicaid. En los estados en los que se ha ampliado Medicaid, solo el 5% de las personas carecen de un seguro, en comparación con el 19% de los estados en los que no se ha ampliado Medicaid. La mayoría de los estados que no han adoptado la ampliación de Medicaid se encuentran en el sur, donde reside aproximadamente el 45% de todas las personas con VIH en los Estados Unidos.
Apoyar la salud y el bienestar de las personas con VIH significa apoyar tanto su salud mental como física. Para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH es esencial contar con acceso asequible y equitativo a servicios de salud mental y para trastornos por consumo de sustancias, con base en evidencia.
Facilitar otras ayudas que permitan que la atención médica sea realmente accesible, como el cuidado de los niños y el transporte.
Los programas de asistencia alimentaria son fundamentales para que las personas con VIH reciban una nutrición adecuada, lo que a su vez favorece la salud en general, aporta a la función del sistema inmunitario y puede ayudar a mantener un peso saludable, contribuyendo así a la absorción de los medicamentos contra el VIH. Reducir el estrés asociado a la inseguridad alimentaria también mejora la calidad de vida general de las personas con VIH.
Apoyar la justicia económica y el empleo para las personas con VIH. Las personas con VIH deben poder vivir sin consecuencias laborales o económicas negativas relacionadas con su estado de salud, discapacidad, sexo, género o expresión de género, orientación sexual, responsabilidades familiares y raza o etnia.
Son muchos los factores que conducen a la falta de acceso a una atención reproductiva equitativa, pero a menudo la culpa se encuentra en los costos prohibitivos de la atención médica, las experiencias estigmatizadoras en los entornos de atención médica y la discriminación. Una atención médica sexual y reproductiva culturalmente pertinente, no estigmatizadora e integral, es esencial para la calidad de vida de las personas con VIH.
Derechos civiles
Tratar a la persona en forma integral: El Congreso debe financiar esfuerzos para tratar a la persona en forma integral, incluidos los determinantes sociales de la equidad, los determinantes sociales de la salud y las necesidades sociales relacionadas con la salud.
En los últimos años, hemos sido testigos de amenazas sin precedentes al acceder al derecho al voto, y de esfuerzos indiscutibles por suprimirlo. El voto suele estar plagado de impedimentos, y cada día se levantan más obstáculos. La represión contra los votantes está viva y activa, y se fortalece durante las sesiones legislativas de cada estado. En 2021, 18 estados aprobaron 34 leyes que restringen el acceso al voto. La tendencia a restringir el acceso al voto continúa en 2023.
La aprobación de la Ley de Derechos Electorales John R. Lewis y de la Ley de Libertad de Voto ayudará a cambiar esta situación. Hacer que el voto sea más accesible para todos hace que las personas de todas las comunidades, incluidas las marginadas, sean más visibles para los funcionarios elegidos. Si exigimos más a nuestros funcionarios elegidos, podemos asegurar que el voto se convierta en un derecho humano fundamental.
Exigimos que el Congreso:
- Apruebe la Ley de Libertad de Voto, que incluye medidas para reformar el registro de votantes, la integridad y el acceso al voto, y la Ley de Avance de Derechos de Votación John R. Lewis, que reforzaría el derecho al voto ampliando y fortaleciendo la capacidad del gobierno para responder a la discriminación en el voto, especialmente hacia las comunidades de color. El lenguaje del proyecto de ley final debe anticiparse a cualquier legislación estatal actual que amenace el derecho al voto.
- Trabaje con el Departamento de Justicia y los Secretarios de Estado de cada estado y territorio en la elaboración de legislación que defienda las elecciones ganadas legalmente y sea proactivo con la legislación para hacer frente a los estados que intenten anular las elecciones ganadas legalmente, desde las elecciones municipales hasta las federales.
- Justicia de género
Las mujeres, incluidas las mujeres transgénero, representan aproximadamente una cuarta parte de la epidemia de VIH en el país. Solo en 2018, se estima que a 7.189 mujeres cisgénero y a 554 mujeres trans en los Estados Unidos se les acababa de diagnosticar VIH. El mayor aumento porcentual en el número de personas con VIH desde 2014 hasta 2018, por género, fue entre las mujeres transgénero. Las disparidades de género también están racializadas y son geográficas: Las mujeres negras, LatinX y otras mujeres de color representan la mayoría de las mujeres con VIH en los Estados Unidos y una mayoría de las nuevas transmisiones de VIH. Para garantizar una justicia de género adecuada, el Congreso también debe aprobar legislación que financie programas dirigidos por mujeres y por personas transgénero para abordar las necesidades de vivienda, la epidemia de VIH y otras necesidades de atención médica a través de un enfoque de equidad de género. Asimismo, el Congreso debería aprobar una legislación que exija a los beneficiarios de las subvenciones incluir chequeos de detección de violencia de pareja en los entornos de servicios de apoyo a la atención médica. Además, el Congreso debe trabajar con la administración Biden para garantizar la financiación para los beneficiarios del programa de planificación familiar del Título X, con el fin de mantener un acceso asequible a los métodos anticonceptivos, las pruebas de detección del cáncer y de las infecciones de transmisión sexual, y las pruebas de embarazo.
Exigimos que el Congreso:
- Apruebe la Ley de Acceso Igualitario a la Cobertura para Aborto en el Seguro Médico (EACH, The Equal Access to Abortion Coverage in Health Insurance Act), que garantice que quienes reciben atención médica o seguro médico del gobierno puedan acceder a la cobertura del aborto.
- Apruebe la Ley de Igualdad Salarial (Paycheck Fairness Act) para ayudar a eliminar la brecha salarial de género.
Apruebe la Ley de Inclusión de Datos LGBTQ (LGBTQ Data Inclusion Act). Este proyecto de ley exige a las agencias federales que recopilan información demográfica a través de encuestas, revisar los conjuntos de datos existentes para determinar en qué parte de su trabajo no se incluyen los datos de orientación sexual e identidad de género, y actualizar las encuestas pertinentes para incluir preguntas sobre orientación sexual e identidad de género.
Las mujeres, incluidas las mujeres transgénero, representan aproximadamente una cuarta parte de la epidemia de VIH en el país. Solo en 2018, se estima que a 7.189 mujeres cisgénero y a 554 mujeres trans en los Estados Unidos se les acababa de diagnosticar VIH. El mayor aumento porcentual en el número de personas con VIH desde 2014 hasta 2018, por género, fue entre las mujeres transgénero. Las disparidades de género también están racializadas y son geográficas: Las mujeres negras, LatinX y otras mujeres de color representan la mayoría de las mujeres con VIH en los Estados Unidos y una mayoría de las nuevas transmisiones de VIH. Para garantizar una justicia de género adecuada, el Congreso también debe aprobar legislación que financie programas dirigidos por mujeres y por personas transgénero para abordar las necesidades de vivienda, la epidemia de VIH y otras necesidades de atención médica a través de un enfoque de equidad de género. Asimismo, el Congreso debería aprobar una legislación que exija a los beneficiarios de las subvenciones incluir chequeos de detección de violencia de pareja en los entornos de servicios de apoyo a la atención médica. Además, el Congreso debe trabajar con la administración Biden para garantizar la financiación para los beneficiarios del programa de planificación familiar del Título X, con el fin de mantener un acceso asequible a los métodos anticonceptivos, las pruebas de detección del cáncer y de las infecciones de transmisión sexual, y las pruebas de embarazo.
Exigimos que el Congreso:
- Apruebe la Ley de Acceso Igualitario a la Cobertura para Aborto en el Seguro Médico (EACH, The Equal Access to Abortion Coverage in Health Insurance Act), que garantice que quienes reciben atención médica o seguro médico del gobierno puedan acceder a la cobertura del aborto.
- Apruebe la Ley de Igualdad Salarial (Paycheck Fairness Act) para ayudar a eliminar la brecha salarial de género.
Apruebe la Ley de Inclusión de Datos LGBTQ (LGBTQ Data Inclusion Act). Este proyecto de ley exige a las agencias federales que recopilan información demográfica a través de encuestas, revisar los conjuntos de datos existentes para determinar en qué parte de su trabajo no se incluyen los datos de orientación sexual e identidad de género, y actualizar las encuestas pertinentes para incluir preguntas sobre orientación sexual e identidad de género.
Los inmigrantes han sido excluidos de la mayoría de los servicios de salud debido a las exclusiones legislativas y reglamentarias. Incluso bajo la Ley de Atención Médica Asequible, millones de personas indocumentadas siguen sin poder acceder a la asistencia médica y a otros servicios que apoyan el acceso a la misma. Además, persisten los problemas de seguridad y la injusticia lingüística. Se han construido barreras reglamentarias para impedir que los inmigrantes con VIH accedan a los sistemas de atención que necesitan y a los que tienen derecho, incluida la atención médica. Estas barreras han alimentado la desconfianza en los servicios médicos y han ocasionado que las comunidades de inmigrantes los eviten.
Los inmigrantes de cualquier estatus legal y que no hablan, leen ni escriben inglés deben tener asegurados servicios de prevención, de atención y de facilitación de alta calidad con respecto al VIH. Los inmigrantes deben poder participar de forma segura y sin repercusiones financieras o legales en los programas de VIH y deben tener acceso sin restricciones al tratamiento.
Exigimos que el Congreso:
- Apruebe la Ley de Equidad y Acceso a la Salud (HEAL) para las Mujeres y Familias Inmigrantes Conforme a la Ley (Health Equity and Access under the Law (HEAL) for Immigrant Women and Families Act), que ampliaría la cobertura de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños, a las personas que reúnan los requisitos en los Estados Unidos.
- Apruebe la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos, que ampliaría las vías de acceso a la ciudadanía para algunos inmigrantes y actualizaría los estatutos y los trámites para la inmigración.
Los defensores del VIH deben comprometerse con la justicia racial en todos los aspectos de la política pública ya que sabemos que es la única manera de acabar con la epidemia del VIH en los Estados Unidos. Reconocemos que el sistema de justicia penal supone una carga desproporcionada para las comunidades más afectadas por el VIH — las personas de color y, en particular, las personas queer y transgénero— y sabemos que nuestra defensa debe ir más allá de únicamente la política de salud.
La muerte de George Floyd en mayo de 2020 fue un momento crucial en el movimiento actual por la justicia racial y la reforma policial. La Ley George Floyd de Justicia Policial busca abordar los problemas estructurales dentro del cuerpo de policía, y mejorar su rendición de cuentas y transparencia. La urgencia de esta ley nos fue recordada a principios de este año, cuando Tyre Nichols perdió la vida debido al trato inhumano recibido a manos de la policía de Memphis.
La Ley George Floyd de Justicia Policial es un paso crucial en el esfuerzo continuo por lograr la justicia racial y reformar el sistema policial. Exigimos al Congreso que apruebe esta legislación para abordar los problemas estructurales, promover la rendición de cuentas y la transparencia, y construir una sociedad más justa y equitativa. Esta es una oportunidad para que nuestros dirigentes electos demuestren su compromiso de garantizar la protección y la seguridad de todos los estadounidenses, independientemente de su raza.
Exigimos que el Congreso:
- Apruebe la Ley George Floyd de Justicia Policial.
Acceso a la atención médica
Asegurar la cobertura de atención médica: El Congreso debe apoyar el acceso a la cobertura de atención médica, que incluye cerrar la brecha en la cobertura de Medicaid.
- Durante casi tres años, el Congreso garantizó que las personas inscritas en los programas estatales de Medicaid no sufrieran interrupciones en su atención médica. Con las nuevas determinaciones respecto a la elegibilidad de Medicaid, programadas para reanudarse el 1 de abril de 2023, se espera que millones de personas queden desafiliadas y nuevamente carezcan de su seguro. El impacto de esta situación golpeará especialmente a aquellos estados que han optado por no ampliar la elegibilidad de Medicaid ni extender la cobertura posparto continua de Medicaid.
- El Congreso debe eliminar las barreras a la atención médica que enfrentan las personas con VIH o que son vulnerables a él en los Estados Unidos, incluida la financiación insuficiente, que ya es crónica en el Servicio de Salud Indígena, y las restricciones relacionadas con la inmigración acerca de quién puede inscribirse en Medicaid, Medicare, y la cobertura del mercado.
- Muchas personas siguen teniendo dificultades para acceder a la atención médica. El Servicio de Salud Indígena enfrenta una financiación insuficiente e incierta, lo que limita el acceso a la atención médica. Además, a muchas personas que viven en los Estados Unidos usualmente se les prohíbe o se les obliga a retrasar el acceso a la cobertura médica (incluidos Medicaid, Medicare y los seguros privados que se venden en el mercado de salud) debido a su situación migratoria. Esto impide que millones de personas y familias tengan acceso a la atención médica necesaria, incluida la atención preventiva esencial.
- Debido a la naturaleza inestable del suministro de drogas ilícitas en los Estados Unidos, los programas de servicios de jeringas y otras intervenciones de reducción de daños son vitales.
- Con la proliferación del fentanilo, las sustancias relacionadas con el fentanilo y los adulterantes tóxicos tales como la xilacina, el potencial de sobredosis mortal y daños corporales para las personas que consumen drogas ha aumentado significativamente, con más de 110.000 personas fallecidas en los Estados Unidos debido a sobredosis por drogas durante un período de 12 meses, entre 2021 y 2022. Es esencial que a las personas que consumen drogas se les proporcionen las herramientas que necesitan para consumirla de la forma más segura posible, y que se les ponga en contacto con atención médica sin prejuicios y centrada en la persona, que les trate con dignidad y respeto.
- Si queremos acabar con las epidemias de VIH, hepatitis viral y crisis de sobredosis, los Estados Unidos deben comprometerse a invertir en intervenciones para reducción de daños, basadas en evidencias, como el suministro de jeringas, pipas y tubos limpios, el tratamiento asistido con medicamentos no restrictivos, la distribución generalizada de naloxona y tiras reactivas de fentanilo, y la realización de pruebas de enfermedades infecciosas.
Si queremos acabar con las epidemias de VIH, hepatitis viral y crisis de sobredosis, los Estados Unidos deben comprometerse a invertir en intervenciones para reducción de daños, basadas en evidencias, como el suministro de jeringas, pipas y tubos limpios, el tratamiento asistido con medicamentos no restrictivos, la distribución generalizada de naloxona y tiras reactivas de fentanilo, y la realización de pruebas de enfermedades infecciosas.
El Congreso debe financiar esfuerzos para tratar a la persona en forma integral, incluidos los determinantes sociales de la equidad, los determinantes sociales de la salud y las necesidades sociales relacionadas con la salud.
- Las estructuras de financiación de la atención médica deben ser lo suficientemente flexibles como para integrar una programación innovadora y eficaz. Por ejemplo, el Congreso debería autorizar y apoyar económicamente programas piloto que permitan a los hospitales ofrecer comidas adaptadas desde el punto de vista médico a personas con determinadas enfermedades crónicas (es decir, la Ley piloto para un programa de demostración de comidas a domicilio adaptadas médicamente).
- El Congreso también debe dedicar recursos para abordar los determinantes sociales de la equidad, que incluyen, entre otros, el racismo, la transfobia, la homofobia, la xenofobia y la discriminación contra las personas con discapacidad. Las inversiones para acabar con la epidemia del VIH, y otras iniciativas (por ejemplo, la lucha contra el COVID-19 y la viruela símica) deben estar basadas en la comunidad, dirigidas por ella y financiadas en su totalidad.
Adultos mayores con VIH
El Congreso debe abordar los problemas relacionados con el VIH y el envejecimiento, y atender las necesidades de las personas con VIH que tienen 50 años o más.
Las personas con VIH que tienen 50 años o más representan algo más del 50% de todas las personas con VIH en los Estados Unidos. Con el éxito del tratamiento antirretroviral y su adherencia a este, esta población seguirá creciendo en número y en porcentaje con respecto a todas las personas con VIH. El Programa Ryan White contra el VIH/SIDA prevé que, para 2030, el 64% de los clientes del programa Ryan White tendrán 50 años o más.
Aunque aquí nos enfocamos en las personas de 50 años o más, el grupo total de personas que envejecen con VIH incluye a los sobrevivientes del VIH a largo plazo que tienen menos de 50 años y a los adultos de entre 20 y 30 años que nacieron con el VIH.
Las personas con VIH que tienen 50 años o más se enfrentan a numerosos retos para su salud y calidad de vida. Muchos de los desafíos son comunes entre todas las personas con VIH y también entre la población general de adultos mayores. Sin embargo, cuando se unen el VIH y el envejecimiento, se crean una serie de retos únicos para los adultos con VIH, muchos de ellos relativos a la salud y la atención médica. El manejo de las comorbilidades, los problemas relacionados con la polimedicación (tratamiento con varios fármacos de manera simultánea) y la calidad de la atención médica para los adultos mayores son preocupaciones predominantes. Demasiados adultos mayores con VIH experimentan una atención médica inadecuada.
El aislamiento social, la soledad y la depresión también son problemas comunes entre los adultos mayores con VIH. Los niveles inadecuados de los programas de salud mental; de los programas que abordan los trastornos por consumo de alcohol y sustancias; de los programas de vivienda, transporte, alimentación y nutrición, y de los programas para eliminar el estigma y la discriminación, o la ausencia o limitaciones en el acceso a ellos, son una realidad inaceptable para muchas personas mayores de 50 años con VIH.
Un personal médico y de servicios sociales que no sea plenamente competente para abordar el VIH y el envejecimiento y que tampoco sea completamente competente en cuanto a sensibilidad cultural y sencillez agrava los retos a los que se enfrentan las personas que envejecen con VIH.
La actualización de la Estrategia Nacional para VIH/SIDA (2022-2025) que se dio a conocer el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 2021 tiene por primera vez un objetivo que pide específicamente proporcionar atención integral a los adultos mayores con VIH y a los sobrevivientes a largo plazo. El Congreso debe trabajar para asegurar que todos los componentes de los sectores público y privado tengan las políticas públicas, los recursos y los programas necesarios para una salud y calidad de vida óptimas de las personas que envejecen con VIH.
Exigimos que el Congreso:
- Apruebe leyes que destinen el financiamiento designado para desarrollar programas nuevos y apoyen programas y modelos de atención existentes que brinden atención médica integral a los adultos mayores con VIH, que integren la atención del VIH, el manejo de enfermedades crónicas y la evaluación y la atención geriátricas.
- Autorice nuevamente la Ley de Estadounidenses Mayores (Older Americans Act) e incluir un lenguaje que designe a los adultos mayores con VIH como una población “con la máxima necesidad social”.
- Apruebe leyes que garanticen que los adultos mayores con VIH tengan prioridad en las respuestas de salud pública ante brotes y epidemias de enfermedades infecciosas, como COVID-19, viruela símica o del mono, virus sincitial respiratorio y nuevas infecciones virales.
- Apruebe leyes que incentiven el desarrollo y la implementación de programas para aumentar la capacidad del personal de servicios sociales y de atención médica para abordar el VIH y el envejecimiento, y aumentar la sensibilidad cultural, la competencia y la sencillez entre este personal.
Despenalización del VIH y modernización de las leyes sobre VIH
Las leyes de penalización del VIH contribuyen a que las personas con VIH sean atacadas y castigadas más allá de los tribunales. Las leyes de penalización del VIH contribuyen a implicaciones para la salud de las personas con VIH, como elemento disuasorio a la hora de someterse a las pruebas y buscar atención médica. Además, los datos de varios estados con leyes de penalización del VIH aportan evidencias de prejuicio racial y de género en su aplicación por parte de los fiscales, que penaliza en forma desproporcionada a comunidades marginalizadas como los gay y bisexuales de raza negra y LatinX, a las mujeres cisgénero y transgénero y a las personas que ejercen el trabajo sexual, una población que históricamente se enfrenta a desigualdades en los servicios de salud.
Para la modernización o derogación de las leyes de penalización del VIH es imperativo que los estados actúen. Sin embargo, el liderazgo federal en la respuesta ante el VIH tiene un papel crítico e importante que desempeñar en la creación de un clima legal, social y político de afirmación para que las personas con VIH y las que son vulnerables a él puedan recibir una atención médica eficaz y que se protejan todos sus derechos humanos.
Molecular HIV surveillance
La vigilancia molecular hace referencia a las tecnologías que recopilan información sobre atención médica genética personal con fines de vigilancia de la salud pública e intervención por parte de funcionarios de salud pública estatales, locales y nacionales.
En particular, para la vigilancia molecular del VIH se utiliza información individual sobre la resistencia al tratamiento, recopilada por los proveedores de servicios de salud para determinar cómo responderían los pacientes a los fármacos que ellos pudieran recetar. Posteriormente, se exige a los proveedores de servicios de salud que comuniquen a los departamentos de salud información individualizada sobre la resistencia al tratamiento. Estos departamentos de salud utilizan la información para mapear en forma detallada las redes de transmisión del VIH en un proceso que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) denomina detección y respuesta a los clústeres.
Cualquier estrategia de salud pública para acabar con la epidemia del VIH debe construirse sobre una sólida base de confianza. Las personas con VIH y las vulnerables a él deben estar en capacidad de interactuar con el sistema de salud sin temor a que su vida o su estado serológico se conviertan en armas en su contra en el futuro. En un mundo ideal, los investigadores de salud pública deberían estar en capacidad de garantizar a la comunidad del VIH que su uso de la vigilancia molecular del VIH y la detección de clústeres sería totalmente ético y seguro, sin posibilidad de ser utilizado para perjudicarles en el sistema penal. Pero ese no es el mundo en que vivimos. Muchos estados siguen aumentando las penas injustificadas contra las personas con VIH, y estos sistemas de detección de clústeres no están realizando un seguimiento consensuado de sus datos sanitarios. Esto hace que muchas personas teman ser procesadas judicialmente, lo que es un factor desalentador para someterse a las pruebas del VIH.
Para que los beneficios de la vigilancia molecular del VIH sobrepasen los riesgos, deben priorizarse los derechos individuales y la privacidad de las personas con VIH, y deben abordarse las preocupaciones de la comunidad del VIH.
Appropriations
Para alcanzar el objetivo ambicioso, pero alcanzable, de acabar con la epidemia nacional de VIH para 2030, el Congreso deberá unirse a los esfuerzos de la administración Biden y de la comunidad aumentando las inversiones en nuestra infraestructura de salud pública y centrando la justicia racial en nuestras respuestas a la epidemia mediante políticas públicas. La Coalición de Presupuesto y Asignaciones Presupuestarias para SIDA (AIDS Budget and Appropriations Coalition) — un grupo de más de 180 organizaciones nacionales y comunitarias dedicadas al VIH y a la salud pública— ha esbozado las inversiones específicas para el VIH que nos permitirán acabar con la epidemia aquí.
El Programa Ryan White para el VIH/SIDA, de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, proporciona atención médica primaria para el VIH, medicamentos y servicios de apoyo esenciales para las personas de bajos ingresos con VIH y que no tienen seguro médico o este es insuficiente. El Programa Ryan White está diseñado de forma única como atención integral para abordar los innumerables problemas de salud que se cruzan y que a menudo encuentran las personas con VIH, y se mantiene como modelo de atención holística 33 años después de su creación. Casi la mitad de las personas con VIH en los Estados Unidos dependen del Programa Ryan White para algún aspecto de su atención médica, y es una fuente de atención médica especialmente importante para los adultos mayores con VIH, donde las personas de más de 50 años representan el 47% de los clientes de Ryan White. Prácticamente tres de cada cuatro clientes del programa Ryan White pertenecen a minorías raciales y étnicas, y el 47% de ellos son de raza negra o afroamericanos. Sin embargo, la financiación de los programas no ha aumentado al ritmo necesario para prestar asistencia a todos los que se beneficiarían de ella, en particular las comunidades que siguen sufriendo un impacto desproporcionado debido a los nuevos diagnósticos de VIH.
Las investigaciones han demostrado que la vivienda es la mayor necesidad de servicios no satisfecha para las personas con VIH, y el programa Oportunidades de vivienda para personas con SIDA (HOPWA, por sus siglas en inglés) es la única financiación federal dedicada a abordar directamente esta necesidad. La pandemia del COVID-19 y la subsiguiente y generalizada inestabilidad de la vivienda han dejado claro, en forma dolorosa, que la relación entre la vivienda y la salud debe brindar información sobre las formas en que nuestra nación invierte en iniciativas de salud. La financiación actual de HOPWA no satisface la necesidad de vivienda, pero los incrementos solicitados por la Coalición de Presupuesto y Asignaciones Presupuestarias para SIDA (AIDS Budget and Appropriations Coalition) contribuirían en gran medida a evitar que las personas con VIH y vulnerables a él se queden sin hogar. Esta financiación también crearía acceso a la atención médica y a los servicios de apoyo.
Hace veinticinco años se creó la Iniciativa sobre el SIDA para las minorías, con el fin de proporcionar financiación a las organizaciones comunitarias dirigidas por minorías, que prestan asistencia contra el VIH. Las comunidades de color, afectadas durante mucho tiempo por el racismo estructural, deben ser el núcleo de los esfuerzos federales para acabar con la epidemia nacional de VIH. La financiación de la Iniciativa sobre el SIDA para las minorías promueve la colaboración entre los programas financiados por HHS para mejorar la atención ya existente del VIH. Solicitamos que el Congreso garantice la implementación de la intención original del programa, consistente en aumentar el gasto federal con programas complementarios dirigidos por y para las comunidades de color más afectadas por el VIH.
La iniciativa Acabar con la epidemia del VIH (The Ending the HIV Epidemic initiative) representa la inversión federal más significativa y cohesionada hasta la fecha en el esfuerzo por acabar con la epidemia nacional. Es imperativo que el Congreso financie plenamente a las agencias que participan actualmente en el esfuerzo, al tiempo que amplía el alcance de esta iniciativa innovadora y específica de todo el gobierno, de financiar aún más la participación de otras agencias fundamentales, concretamente el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias y de Centros para Servicios Medicare y Medicaid
No podemos acabar con la epidemia de VIH en los Estados Unidos sin acabar también con la epidemia de sobredosis. Para ello, el gobierno federal debe financiar estrategias de reducción de daños, basadas en evidencias, para conseguir que las personas que consumen drogas reciban atención y su salud se encamine a obtener mejores resultados. Los expertos en salud pública del CDC comprenden la importancia de los enfoques de reducción de daños y de involucrar de forma significativa a las personas que consumen drogas en sus esfuerzos por acabar con las epidemias de VIH y sobredosis. También comprenden el papel esencial que desempeñan los programas de servicios de jeringas en nuestros esfuerzos por prevenir la transmisión del VIH y la hepatitis viral. La inversión del Congreso en el programa de enfermedades infecciosas relacionadas con los opioides asegurará que la financiación para reducción de daños se destine a las organizaciones comunitarias dirigidas por las personas que consumen drogas.
Clausura
Con motivo de la celebración del 30° Aniversario de AIDSWatch, el mayor evento del país de defensa de los derechos de las personas con VIH, junto con los organizadores — AIDS United, US People Living with HIV Caucus y el Center for Health Law and Policy Innovation — les agradecemos las acciones que han emprendido a nivel estatal, local y nacional en favor de las personas con VIH y que son vulnerables a él. Aunque se han producido enormes avances desde el primer AIDSWatch, la necesidad de una acción enérgica contra la epidemia del VIH es crítica, y la atención de ustedes a las necesidades de sus electores sigue siendo incalculable.
Ya sea que se trate de la calidad de vida, el acceso a la atención médica, los derechos civiles, el envejecimiento con el VIH, la despenalización del VIH o las asignaciones presupuestarias federales, nos complace compartir con ustedes varias prioridades en cuanto a políticas, que pueden tener un profundo impacto en la salud y el bienestar de las personas con VIH a nivel local, estatal y nacional. Gracias por su ayuda a la hora de compartir información y educar. Esperamos seguir trabajando con ustedes para garantizar que el Congreso nos proporcione las herramientas necesarias para hacer frente a las necesidades de las personas con VIH y que son vulnerables a él.
Para más información sobre AIDSWatch y las prioridades de nuestra comunidad, por favor visite www.aidsunited.org/AIDSWatch, o póngase en contacto con el Departamento de Políticas de AIDS United, en policy@aidsunited.org si tiene preguntas acerca de estas recomendaciones sobre políticas públicas o para más apoyo acerca de políticas sobre el VIH.
