políticas públicas - AIDSWatch 2024

AIDSWatch, organizado por AIDS United, US People Living with HIV Caucus y el Center for Health Law and Policy Innovation, es el mayor evento nacional de defensa del VIH liderado por los constituyentes del país. Durante 31 años, quienes tenemos VIH, al igual que nuestros aliados, hemos defendido a nivel estatal, local y nacional las políticas públicas que sabemos que pondrán fin a la epidemia del VIH. En vísperas de las próximas elecciones, continuamos esta labor de defensa dando prioridad a las políticas públicas relacionadas con la calidad de vida, el acceso a la atención médica, los derechos civiles, el envejecimiento de personas con VIH, la despenalización del VIH y la financiación federal. Aunque se ha producido un enorme progreso desde aquel primer AIDSWatch, seguimos necesitando una defensa enérgica del VIH.

El tema del evento de este año es: ¡We´re in this together!, que se centrará en la forma en que debemos trabajar todos/as juntos/as, ya que las personas con VIH y las vulnerables a él tienen diferentes identidades que están interconectadas y compartidas y sufren ataques en la actualidad. Este tema prioriza la participación significativa de las personas con VIH, ya que estos principios garantizan que las comunidades más afectadas por el VIH participen en la toma de decisiones a todos los niveles y esto incluye las políticas públicas.

Nos complace compartir con ustedes varias prioridades con respecto a políticas públicas, que pueden tener un profundo impacto en la salud y el bienestar de las personas con VIH. Gracias por su ayuda a la hora de compartir información y educar. Por medio de este informe sobre políticas públicas, incluimos solicitudes relacionadas con políticas públicas federales para diferentes áreas de salud pública que impactan a las personas con VIH y que son vulnerables a él. Estas prioridades con respecto a políticas públicas pueden consultarse haciendo clic en los enlaces correspondientes, lo que le permitirá ajustar la visibilidad de los contenidos.

Las personas con VIH son expertas en su propia vida. Compartir su historia con los legisladores es uno de los componentes clave para la defensa de la salud pública: ¡Es realmente significativo tener el valor de compartir historias y experiencias con las personas que están en el poder!

Esperamos seguir trabajando con ustedes para garantizar que el Congreso nos proporcione las herramientas necesarias para hacer frente a las necesidades de las personas con VIH y a las que son vulnerables a él, y para mantener la conexión con los electores afectados por el VIH.

Aspectos de salud y sociales

El acceso a la atención médica sigue siendo un componente vital para garantizar que las personas con VIH o que son vulnerables a él puedan llevar una vida saludable y plena.

      • El Congreso debe garantizar que las personas tengan acceso al tratamiento para el VIH.
        • La terapia antirretroviral puede ayudar a las personas con VIH a llevar una vida más larga y saludable. Además, cuando las personas tienen un acceso confiable a la terapia antirretroviral y su carga viral es indetectable de forma constante, el virus no puede transmitirse sexualmente. Se necesitan nuevos modelos de atención que proporcionen un cuidado médico integral para los adultos mayores, que integren la atención del VIH, el manejo de enfermedades crónicas y la evaluación y atención geriátricas. Programas como el Ryan White para VIH/SIDA garantizan que las personas con VIH puedan recibir la atención médica y el apoyo que necesitan, lo que a menudo se traduce en mayores tasas de supresión viral entre los clientes del programa. (Por ejemplo, en 2021, el 89,7% de los clientes del programa Ryan White tenían supresión viral, frente a una tasa nacional del 66%.) El Congreso debe apoyar el programa Ryan White con $#### billones.
        • ** Pull-out box option to highlight someone from the community who benefits from Ryan White. **
      • El Congreso debe garantizar que las personas tengan acceso a prevención del VIH.
        • Para poner fin a la epidemia del VIH en Estados Unidos, debemos garantizar que todas las personas tengan acceso a formas eficaces de prevención del VIH, que incluye la PrEP (profilaxis preexposición). Las formas de PrEP con las que se cuenta hoy en día pueden reducir considerablemente la posibilidad de contraer el VIH por vía sexual o por consumo de drogas inyectables. Para apoyar este objetivo, el Congreso debe aumentar las posibilidades de acceso a la PrEP (profilaxis preexposición) y a la PEP (profilaxis posexposición), mediante la Ley de Acceso y Cobertura a PrEP (PrEP Access and Coverage Act) (H.R. 4392/S. 2188).
        • Además, en la actualidad se ha entablado una demanda judicial que amenaza el acceso a la PrEP al intentar debilitar una parte de la Ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act) que hace que la PrEP y otros servicios preventivos importantes sean gratuitos para muchas personas que tienen un seguro. El Congreso debe ser consciente de esta demanda y debe estar preparado para actuar rápidamente si la Corte Suprema pone en riesgo el acceso a la atención preventiva gratuita.
      • El Congreso debe solucionar la brecha en la cobertura de Medicaid y proteger a Medicaid de los recortes en los fondos.
        • Medicaid es una herramienta fundamental en la lucha contra el VIH, ya que es la fuente con mayor cobertura de seguros médicos para adultos con VIH en los Estados Unidos. Sin embargo, diez estados (AL, FL, GA, KS, MS, SC, TN, TX, WI, and WY) aún no han adoptado la ampliación de Medicaid, lo que deja un estimado de 2.1 millones de adultos con bajos ingresos en la “brecha de cobertura de Medicaid”. Estos adultos no son elegibles para la cobertura subsidiada en el mercado debido a los requisitos de ingresos mínimos, y no califican para Medicaid bajo las reglas estatales actuales.
        • Desde el año pasado este problema ha tomado un carácter mucho más urgente al eliminarse las normas especiales de Medicaid que protegían a las personas de perder Medicaid durante la emergencia por el COVID-19. La eliminación de estas normas, conocida como “Medicaid unwinding” (reversión de Medicaid), ha provocado mucha confusión y complicaciones.
        • ** Pull-out box option to highlight someone from the community who benefits from Ryan White. **
        • Además, con un grupo de republicanos extremadamente conservadores que intentan controlar la Cámara de Representantes, Medicaid podría ser objeto de recortes. Es necesario oponerse a los esfuerzos que buscan debilitar Medicaid, y apoyar los intentos para cerrar la brecha en la cobertura de Medicaid.
      • El Congreso debería reforzar las inversiones en programas de salud pública específicos para el VIH.
      • El Congreso debe hacer frente a las barreras generalizadas a la atención médica.
        • Muchas personas siguen teniendo dificultades para acceder a la atención médica. Por ejemplo, a pesar de prestar servicios médicos primordiales a más de 2 millones de personas, el Servicio de Salud Indígena a lo largo de la historia ha estado sujeto a una financiación insuficiente e incierta, lo que ha provocado retrasos en la atención y una atención de calidad inferior. El año pasado, este organismo recibió su primera asignación anticipada, lo que permitió la previsibilidad en los fondos a pesar del retraso del Congreso para aprobar el presupuesto del año fiscal 2024. El Congreso debe garantizar que el Servicio de Salud Indígena reciba asignaciones anticipadas para el año fiscal 2025.
        • Además, a muchas personas que viven en Estados Unidos usualmente se les prohíbe o se les obliga a retrasar el acceso a la cobertura médica (incluidos Medicaid, Medicare y los seguros privados que ofrece el Mercado de la Salud) debido a su situación migratoria. Por ejemplo, solo algunos inmigrantes tienen derecho a Medicaid, y muchos deben esperar cinco años antes de acceder a su cobertura. Esto impide que millones de personas y familias tengan acceso a la atención médica necesaria, incluida la atención preventiva esencial.
        • En 2021, las comunidades negras/afroamericanas representaban el 14% de la población estadounidense, pero el 40% de los nuevos diagnósticos de VIH se debieron a las barreras para acceder a una atención médica competente y a una baja utilización de los servicios. El Congreso debe mantener la Iniciativa contra el SIDA de las Minorías y la financiación complementaria del programa Poner Fin a la Epidemia, para apoyar a las organizaciones comunitarias dirigidas por personas de raza negra, ampliar el acceso a servicios de VIH de alta calidad y reducir la desigualdad en los resultados de salud entre las minorías raciales y étnicas.
        • Apoyar la ley bipartidista Ley para Ayudar a Reducir los Copagos de los Pacientes (Help Ensure Lower Patient (HELP) Copays Act) (H.R. 830, S.1375) para proteger a los pacientes de las prácticas perjudiciales de las aseguradoras y de los gestores de beneficios farmacéuticos, que elevan los costos de los medicamentos que los propios pacientes deben cubrir.
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      • El Congreso debe invertir en programas que aborden las necesidades sociales relacionadas con la salud.
        • Los programas que abordan las necesidades sociales relacionadas con la salud, como Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA, Housing Opportunities for Persons with AIDS), son vitales para garantizar que las personas con VIH tengan el apoyo que necesitan para llevar una vida saludable. Las personas con VIH que enfrentan inestabilidad en cuanto a vivienda o a la falta de hogar tienen más probabilidad de dejar de recibir oportunamente la atención y el tratamiento que requieren y de encontrar obstáculos para lograr la supresión viral. El Congreso debería apoyar la vivienda como un aspecto esencial de la atención médica financiando la HOPWA con #### millones de dólares.
        • Reautorizar la Ley de Estadounidenses Mayores (H.R. 4120/S. 1979) (Old Americans Act) e incluir un lenguaje que designe a los adultos mayores con VIH y a las personas LGBTQ+ mayores como poblaciones con “la máxima necesidad social”.
      • El Congreso debería apoyar estructuras de financiación de la atención médica que sean lo suficientemente flexibles como para conformar una programación innovadora y eficaz.
        • Los servicios de El Alimento es Medicina (Food is Medicine), como por ejemplo, las comidas adaptadas a las necesidades médicas, son intervenciones rentables que pueden prevenir y tratar enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, mejorar la seguridad alimentaria de los hogares y hacer frente a las desigualdades en el terreno de la salud. El Congreso debe aprobar leyes como la Ley de Demostración de Comidas a Domicilio Médicamente Adaptadas (Medically Tailored Home-Delivered Meals Demonstration Act) S. 2133) que establece y evalúa un programa de Medicare de cuatro años dirigido a proporcionar comidas a domicilio adaptadas médicamente a las personas mayores que viven con problemas de alimentación.
      • El Congreso también debe dedicar recursos para hacer frente a los determinantes sociales de la equidad, que incluyen, entre otros, el racismo, la transfobia, la homofobia, la xenofobia y la discriminación contra las personas con discapacidad.
        • Las inversiones para iniciativas como Poner fin a la Epidemia del VIH (Ending the HIV Epidemic) y otras como el Fondo contra el VIH/SIDA para las Minorías (Minority HIV/AIDS Fund) deben estar basadas en la comunidad, ser dirigidas por ella y financiadas en su totalidad. La inversión de fondos por parte del Congreso debe reflejar un compromiso dirigido a la Participación Coherente de las Personas con VIH (MIPA, Meaningful Involvement of People Living with HIV) en funciones de liderazgo, asesoría y toma de decisiones.
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      • El Congreso debe considerar a las personas y su salud por encima de la ideología política y religiosa.
      • Las personas de todo el país deben poder acceder a la atención médica que necesiten, independientemente del estado en el que residan. Los ataques estatales al acceso a la atención médica reproductiva y a la afirmación de género están empeorando las diferencias existentes y perjudicando la salud. El Congreso debe oponerse a las políticas federales que restringen la atención médica de reafirmación de género y de cualquier otro tipo.
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El panorama político

      • El estrecho margen de control de los republicanos en la Cámara de Representantes de EE. UU. ha significado el estancamiento de muchas políticas progresistas propuestas por la Administración Biden-Harris y apoyadas por la mayoría demócrata del Senado.
      • Las luchas políticas internas y las dificultades en la elección del presidente de la Cámara afectaron enormemente a la capacidad de esta para aprobar el presupuesto oportunamente.
        • Los parlamentarios republicanos de la Cámara propusieron eliminar la financiación de la iniciativa Poner fin a la epidemia de VIH, así como del programa HOPWA, Oportunidades de vivienda para personas con SIDA, de la Iniciativa contra el SIDA de las Minorías, y recortar drásticamente otros programas.
        • La composición política de la Cámara afecta nuestra capacidad para preservar y ampliar la financiación clave de los programas relacionados con el VIH.
        • Los 435 escaños de la Cámara se someterán a reelección en 2024.
      • La escasa mayoría demócrata en el Senado se ha convertido en una barrera importante contra las políticas nocivas propuestas en la Cámara.
        • Esa mayoría también ha hecho posible que se hagan realidad las diversas postulaciones ejecutivas y judiciales de la administración Biden.
        • En 2024 se someterán a reelección 33 escaños del Senado.
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      • Las elecciones presidenciales también tendrán lugar en 2024, dando a los votantes la oportunidad de elegir entre el probable candidato demócrata, el Presidente Biden, y el probable candidato republicano, Donald Trump. Lo que está en juego es realmente importante, a pesar de que en 2016 y 2020 se vivió una situación similar, ya que nos enfrentamos a presiones aún más autoritarias sobre nuestra democracia.
        • Además de firmar y vetar leyes, el Presidente tiene autoridad para nombrar funcionarios del Gobierno y jueces federales, incluida la Corte Suprema, y promulgar protecciones o restricciones sobre una amplia franja de derechos civiles, incluido el acceso a la atención médica.
          • Un segundo período de Trump iría en detrimento de muchos de nuestros derechos constitucionales.
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      • El aumento sistemático de los ataques legislativos estatales contra los derechos LGBTQ, la libertad reproductiva, el derecho al voto, el acceso a la atención médica y otros derechos civiles significa que la participación de los votantes y el compromiso de estos en las elecciones estatales y locales son verdaderamente importantes.
        • Las legislaturas estatales aprueban las leyes que afectan en mayor grado la vida cotidiana de los estadounidenses.
        • En la actualidad, el partido republicano controla ambas cámaras legislativas y el cargo de gobernador en 22 estados, mientras que el partido demócrata tiene el control en 17 estados y el control está dividido en 11 estados.
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      • 44 estados, Washington, D.C., y Puerto Rico llevan a cabo elecciones para determinar el control de las legislaturas estatales.
      • 11 estados llevan a cabo elecciones para gobernador.
      • En 10 estados hay elecciones para Fiscal General. Un Fiscal General (AG, Attorney General) estatal determina qué leyes aplicar y con qué rigor. Esta oficina es particularmente importante cuando se trata de la penalización del VIH, la prohibición de la atención para afirmación de género, la penalización de las personas embarazadas y la penalización de los/las usuarios/as de sustancias /o herramientas para la reducción de daños.
      • 33 estados llevan a cabo elecciones de la corte suprema estatal. Las cortes supremas estatales pueden determinar la legalidad de una prohibición estatal del aborto o la legitimidad de un mapa de distritos electorales manipulado. Las cortes supremas estatales también pueden respaldar los esfuerzos de una asamblea legislativa estatal para debilitar la autoridad de un gobernador de un partido diferente, de manera que a menudo se obstaculiza la voluntad de los votantes.
      • En varios estados también se presentarán iniciativas electorales sobre aspectos políticos fundamentales como el aborto, el salario mínimo y el derecho al voto. Las iniciativas electorales son un mecanismo de democracia directa, lo que significa que los individuos que trabajen conjuntamente pueden eludir el poder legislativo de un estado.

Derechos humanos y civiles

      • El derecho al voto es un derecho humano fundamental que se ha visto amenazado en los últimos años por intentos de reprimir a los votantes. En 2021, 18 estados aprobaron 34 leyes que restringían el acceso al voto, y la tendencia a restringir el acceso al voto continúa. Esto tiene repercusiones significativas en varias categorías, como la salud y los temas sociales, el panorama político, la justicia racial, los derechos civiles, las sindemias, el empoderamiento, la participación y la educación.
      • Aprobación de la Ley de Avance de Derechos de Votación John Lewis (John R. Lewis Voting Rights Advancement Act) (H.R. 14) y la Ley de Libertad de Voto (Freedom to Vote Act) (H.R. 11/S.1) pueden ayudar a cambiar esto. Hacer que el voto sea más accesible para todos hace que las personas de todas las comunidades, incluidas las marginadas, sean más visibles para los funcionarios elegidos. Si exigimos más a nuestros funcionarios elegidos, podemos garantizar que el voto se convierta en un derecho humano fundamental.
        • La Ley de Avance de Derechos de Votación John R. Lewis (H.R. 14) reforzaría el derecho al voto ampliando y fortaleciendo la capacidad del gobierno para responder a la discriminación en el voto, especialmente hacia las comunidades de color.
        • La Ley de Libertad de Voto (H.R. 11/S.1) incluye medidas para reformar el registro de votantes, la integridad y el acceso al voto. El texto del proyecto de ley definitivo debe adelantarse a cualquier legislación estatal vigente que amenace el derecho al voto.
      • Las leyes de penalización del VIH agravan aún más las implicaciones para la salud de las personas con VIH, como elemento disuasorio a la hora de someterse a las pruebas y buscar atención médica. Para la vigilancia molecular del VIH se recopila información sobre atención médica genética personal con fines de vigilancia de la salud pública e intervención por parte de funcionarios de salud pública estatales, locales y nacionales. Los datos de varios estados con leyes de penalización del VIH aportan evidencias de prejuicio racial y de género en su aplicación por parte de los fiscales, que penaliza en forma desproporcionada a comunidades marginadas como los hombres gay y bisexuales de raza negra y latinX, a las mujeres cisgénero y transgénero y a las personas que ejercen el trabajo sexual, una población que históricamente se enfrenta a desigualdades en los servicios de salud. Las personas con VIH y las vulnerables a él deben estar en capacidad de interactuar con el sistema de salud sin temor a que en el futuro su vida o su estado serológico se conviertan en armas en su contra. La modernización o derogación de las leyes de penalización del VIH hace imperativo que los estados actúen. Sin embargo, el liderazgo federal en la respuesta ante el VIH juega un papel crítico e importante para la creación de un clima legal, social y político de afirmación para que las personas con VIH y las que son vulnerables a él puedan recibir una atención médica eficaz y que se protejan todos sus derechos humanos.
      • Exigimos que el Congreso:
        • Apruebe la Ley de Derogación de las Políticas Públicas Existentes que Fomentan y Permiten la Legalidad de la Penalización del VIH (REPEAL) Ley de Discriminación del Act) y promulgue legislación que anime y apoye a los estados para que deroguen las leyes de penalización del VIH.
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      • Las comunidades LGBTQI+, incluidas las personas con VIH, se enfrentan a importantes desafíos para acceder a servicios fundamentales que les permitan permanecer bajo cuidado, como la atención médica, la vivienda y el empleo. Esto es particularmente importante, considerando el volumen sin precedentes de proyectos de ley a nivel estatal que se dirigen y atacan específicamente a las comunidades transgénero y LGBTQI+, con más de 600 proyectos de ley anti-LGBTQI+ presentados durante las sesiones legislativas estatales solo en 2023. Los jóvenes LGBTQI+ y las comunidades de color se ven afectados de manera desproporcionada y se enfrentan a múltiples formas de estigmatización, discriminación y violencia.
      • Exigimos que el Congreso:
        • Apoye legislación que brinde protección contra la discriminación para las personas con VIH y que son vulnerables a él, y/o personas LGBTQ+, por ejemplo mediante la Ley de Igualdad (Equality Act). H.R. 15/S.5), ya que el acceso igualitario y equitativo a los servicios es fundamental para poner fin a la epidemia de VIH.
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      • Las mujeres cisgénero y transexuales representan aproximadamente una cuarta parte de la epidemia nacional de VIH. El mayor aumento porcentual en el número de personas con VIH desde 2014 hasta 2018, por género, fue entre las mujeres transgénero. Las diferencias de género también están racializadas y son geográficas: Las mujeres de raza negra, latinX y otras mujeres de color representan la mayoría de las mujeres con VIH en los Estados Unidos y una mayoría de las nuevas transmisiones de VIH. Para garantizar una justicia de género adecuada, el Congreso también debe aprobar legislación que financie programas dirigidos por mujeres y por personas transgénero para abordar las necesidades de vivienda, la epidemia de VIH y otras necesidades de atención médica a través de un enfoque de equidad de género. Asimismo, el Congreso debería aprobar una legislación que exija a los beneficiarios de las subvenciones incluir chequeos de detección de violencia de pareja en los entornos de servicios de apoyo a la atención médica. Además, el Congreso debe trabajar con el fin de garantizar fondos para e programa de planificación familiar Título X, y así mantener un acceso asequible a los métodos anticonceptivos, a las pruebas de detección del cáncer y de las infecciones de transmisión sexual, y a las pruebas de embarazo. Por último, de acuerdo con la Campaña de Derechos Humanos, en 2022 y 2023 al menos 90 personas transgénero recibieron disparos mortales o fueron asesinadas por otros medios violentos. Para lograr de manera integral la justicia de género, debemos luchar contra estos crímenes de odio e instar al Congreso a trabajar con las comunidades impactadas para desarrollar una legislación que haga frente a la creciente tendencia de violencia contra nuestras comunidades transgénero.
      • Exigimos que el Congreso:
        • Apruebe la Ley de Acceso Igualitario a la Cobertura para Aborto en el Seguro Médico (EACH, the Equal Access to Abortion Coverage in Health Insurance Act) (H.R.561/S.1031), que exigiría que los planes federales de seguro médico, como Medicaid, proporcionen cobertura para los servicios de aborto.
        • Apruebe la Ley de Igualdad Salarial (Paycheck Fairness Act) (H.R. 17/S. 728) para ayudar a eliminar la brecha salarial de género.
        • El Congreso debe aprobar la Ley de Inclusión de Datos LGBTQ (LGBTQ Data Inclusion Act) para garantizar que los legisladores y los organismos federales dispongan de los datos completos que necesitan para abordar cuestiones de la comunidad LGBTQ+.
        • Apoyar la Ley Chyna Gibson contra la Epidemia de Asesinatos de Trangénero (Chyna Gibson Stop the Transgender Murder Epidemic Act, (H.R.4960), para crear una Comisión que aborde la epidemia generalizada y selectiva de violencia letal, discriminación económica y otros factores que afectan en forma desproporcionada a los miembros de la comunidad transgénero, y hacer recomendaciones para encontrar soluciones adecuadas en el Congreso.
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    • Para la calidad de vida de las personas con VIH es esencial contar con una atención médica sexual y reproductiva culturalmente pertinente, no estigmatizadora e integral. A las mujeres cisgénero con VIH no se les suele ofrecer ni se les remite a otros servicios de salud sexual y reproductiva cuando reciben atención para el VIH, a pesar de que corren un riesgo elevado de sufrir complicaciones ginecológicas. Desde la anulación de Roe vs. Wade en 2022, los derechos reproductivos se han visto cada vez más atacados tanto a nivel estatal como federal. El derecho a la autonomía corporal es un derecho fundamental. Proteger el bienestar sexual y el cuidado reproductivo es fundamental para poner fin a la epidemia de VIH.
    • Exigimos que el Congreso:
      • Apoye una legislación que amplíe los derechos reproductivos, el acceso y la afirmación de una educación sexual integral, como la Ley de Educación y Acceso Reales para una Juventud Sana (REAHYA, Real Education and Access for Healthy Youth Act (H.R.3583/S.1697).
      • Apruebe la Ley Programa de Reembolso de Préstamos para la Epidemia del VIH (HELP, HIV Epidemic Loan-Repayment Program Act), que ayudará a formar la próxima generación de expertos en atención y prevención del VIH y a abordar la escasez de personal clínico especializado en VIH.
      • El Congreso debe aprobar la Ley de Medicare para todos (Medicare for All Act) (H.R. 3421) para crear un programa nacional de seguros médicos.
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      • Los/las trabajadores/as sexuales se encuentran dentro de las comunidades más afectadas por el VIH. Una mujer trans que haya ejercido el trabajo sexual alguna vez en su vida, tiene una probabilidad superior a 25 veces de tener diagnóstico de VIH con respecto a la población general. En muchos estados y territorios de Estados Unidos, los/las trabajadores/as sexuales, especialmente las personas negras, LatinX, indígenas y asiáticos/as, también corren un mayor riesgo de sufrir violencia por parte de la comunidad y de las fuerzas del orden público, y se llevan la peor parte de los procesos judiciales, las condenas y los aumentos de condena relacionados con el VIH. Los programas gubernamentales y servicios para VIH también pueden estigmatizar y excluir fundamentalmente a los/las trabajadores/as sexuales.
      • Para poner fin a la epidemia del VIH se deben brindar servicios competentes y no estigmatizantes en cuanto a VIH a los/as trabajadores/as sexuales, y estos/as deben poder beneficiarse de otros programas financiados con fondos públicos sin temor a ser juzgados/as, penalizados/as, excluidos/as o a que se viole su confidencialidad. Además, los/las trabajadores/as sexuales con VIH o que son vulnerables a él necesitan estar empoderados/as e implicados/as en la respuesta al VIH, deben tener voz en las políticas y programas que les afectan, y deben tener acceso a información y recursos precisos y confiables que puedan ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su propia salud y bienestar.
      • Exigimos que el Congreso:
        • Investigue los daños causados por la Ley de Lucha contra el Tráfico Sexual en Línea (FOSTA, Fight Online Sex Trafficking Act) y la Ley para Detener a los Traficantes Sexuales (SESTA, Stop Enabling Sex Traffickers Act) introduciendo nuevamente la Ley de Estudio de los Trabajadores Sexuales (SAFE SEX Workers Study Act).
        • Oponerse a la legislación que amenaza la privacidad en Internet y penaliza y estigmatiza aún más a los/las trabajadores/as sexuales, incluida la Ley para Eliminar el Abuso y la Negligencia de las Tecnologías Interactivas (EARN IT, Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies EARN IT Act.
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      • Los inmigrantes se enfrentan a grandes desafíos para acceder a los servicios de salud debido a las restricciones legales y reglamentarias. Incluso bajo la Ley de Atención Médica Asequible, millones de inmigrantes indocumentados siguen sin poder acceder a la asistencia médica y a otros servicios que apoyan el acceso a la misma. Los inmigrantes de color, especialmente los procedentes de América Latina, Asia, África y el Caribe, se ven afectados de forma desproporcionada por el VIH y se enfrentan a múltiples formas interrelacionadas de estigmatización, discriminación y violencia, mientras persisten los problemas de seguridad e injusticia lingüística. Se han creado barreras reglamentarias para impedir que los inmigrantes con VIH accedan a los sistemas de atención que necesitan y a los que tienen derecho, incluida la atención médica. Estas barreras han alimentado la desconfianza con respecto a los servicios médicos y han ocasionado que las comunidades de inmigrantes los eviten.
      • Exigimos que el Congreso:
        • Apruebe la Ley de Equidad y Acceso a la Salud para Familias Inmigrantes (Health Equity and Access under Law (HEAL) for Immigrant Families Act) (H.R. 5008/S.2646), que elimina las barreras crueles e innecesarias a la atención médica para los inmigrantes de todas las condiciones.
        • Apruebe la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos (U.S Citizenship Act) (H.R.3194), que abriría caminos para obtener la ciudadanía para algunos inmigrantes y modernizaría el sistema y la tramitación de la inmigración.
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Sindemia

  • Es una epidemia que interactúa con otras, y debido a esa interacción aumenta sus efectos adversos sobre la salud de las comunidades que se enfrentan a desigualdades propias del sistema, estructurales y de otro tipo.
  • La sindemia de VIH, hepatitis viral, enfermedades de transmisión sexual (ETS), sobredosis de drogas, tuberculosis, COVID-19, viruela del mono y otras condiciones de salud tiene un efecto agravante en cada enfermedad.
    • El valor de un enfoque sindémico consiste en comprender que no podemos acabar con la epidemia del VIH sin abordar también otras epidemias que también afectan a las personas con VIH o corren el riesgo de contraerlo.
    • Por ejemplo, sabemos que:
      • Aproximadamente 1 de cada 10 nuevas transmisiones del VIH en los Estados Unidos es consecuencia del consumo de drogas inyectables.
      • Las personas con VIH tienen muchas más probabilidades de padecer un trastorno por consumo de sustancias, y los estudios estiman que las personas con VIH experimentan trastornos por consumo de sustancias en una proporción tres veces superior a la de la población general, con diferencias aún mayores relacionadas con el uso de metanfetamina y cocaína.
      • El 21% de las personas con VIH en los Estados Unidos padecen también de hepatitis C, cifra que asciende hasta el 80% en el caso de las personas que se inyectan drogas. En el caso de la hepatitis B, las tasas de doble diagnóstico con el VIH se sitúan en el 10%.
      • Las enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia, la sífilis, el herpes y la gonorrea tienen, en mayor o menor grado, más probabilidades de ser contraídas por personas con VIH. También aumentan la probabilidad de que alguien contraiga o transmita el VIH.
    • Así pues, es lógico que poner fin a la epidemia de VIH y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH esté íntimamente ligado a la atención a los consumidores de drogas y a las personas con hepatitis o ETS o que están en riesgo de contraerlas. No podemos tener éxito en ninguna de estas condiciones sin dar tratamiento las otras.
  • El enfoque sindémico que adoptamos se centra en la convergencia del VIH con la hepatitis viral, las enfermedades de transmisión sexual, la sobredosis de drogas, la tuberculosis, el COVID-19 (incluido el COVID de larga duración), la viruela del mono y otras afecciones.
    • Un enfoque sindémico no se limita a una lista preestablecida de afecciones. Por el contrario, se amplía y se adapta para satisfacer las necesidades de las comunidades afectadas. Por ejemplo, antes de 2023, la viruela del mono no se había incluido en un enfoque sindémico porque aún no había afectado a las comunidades que también están terriblemente afectadas por el VIH en los Estados Unidos. Sin embargo, una vez que la viruela del mono se hizo endémica en los EE. UU. y que el CDC tuvo conocimiento de que el 61% de las personas diagnosticadas con la viruela del mono tenían VIH o habían sido diagnosticadas con una ETS el año pasado, se convirtió en un ajuste natural para el enfoque sindémico, debido a las formas en que se superponía con otros problemas de salud.
  • La esencia de un enfoque sindémico es el énfasis en la reducción de daños y en una atención integral y centrada en la persona, en la que se reconoce que nuestra salud y bienestar no pueden reducirse a una sola condición. Considera que los factores sociales más amplios y los comportamientos individuales que influyen en nuestra probabilidad de vernos afectados por una condición de salud adversa, también se extienden a muchas otras.
    • El énfasis en la mejora de la calidad de vida general de las personas con VIH, que durante mucho tiempo ha sido el punto central en la defensa de la comunidad del VIH y que se puso de relieve a través de nuevos indicadores de calidad de vida en el Plan de Implementación Federal de la Estrategia Nacional para el VIH/SIDA (NATIONAL HIV/AIDS Strategy Federal Implementation Plan), está muy en consonancia con un enfoque sindémico. Centrarse en las causas más generales de las desigualdades sanitarias en EE.UU. y dar prioridad al tratamiento de la población, no a las afecciones individuales, aumenta la probabilidad de que alguien vea resueltos sus problemas de salud más apremiantes.
    • Defendiendo las cosas por las que usted y la comunidad del VIH en general ya abogan, y explicar cómo estos aspectos están todos relacionadas entre sí. Ayudando a los miembros del Congreso a comprender la forma en que nuestras diferentes prioridades con respecto a políticas públicas están relacionadas en nuestras comunidades y en nuestra vida.
    • No todas las oficinas del Congreso van a estar familiarizadas o tendrán interés natural en las cuestiones que usted considera más importantes. Pero si encuentra un tema que sea prioritario para el/la congresista con el/la que se va a reunir, puede lograr que se interese por sus asuntos prioritarios si los relaciona con temas con los que él/ella ya está comprometido.
    • Reintroduciendo y aprobando la Ley de Emergencia Integral de Recursos contra la Adicción (CARE, Comprehensive Addiction Resources Emergency Act), que establece programas para abordar las zonas afectadas por el consumo de sustancias opiáceas/estimulantes, incluidas subvenciones para servicios de tratamiento, recuperación y reducción de daños.
    • Respaldando los esfuerzos para ampliar el acceso a la atención médica y la cobertura de las poblaciones desfavorecidas, como la Ley de Reingreso (Reentry Act)(H.R.2400/S.1165) y la Ley de Continuidad de la Atención al Debido Proceso (Due Process Continuity of Care Act) (H.R.3074/S.971).
    • Oponiéndose a la Ley para Detener Todo Tráfico Letal de Fentanilo (HALT, Halt All Lethal Trafficking of Fentanyl (HALT) Act) (H.R. 467), que reavivaría políticas de drogas fallidas y punitivas mediante la emisión de nuevos mínimos obligatorios para todas las sustancias relacionadas con el fentanilo, al tiempo que obstaculizaría nuestra capacidad de hacer investigación.

Empoderamiento, Participación y Educación

A lo largo del año, debemos responsabilizar a todos nuestros funcionarios elegidos y asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas. Invitamos a todos los defensores a:

      • Durante décadas, las personas con VIH o en riesgo de contraerlo han defendido eficazmente programas y leyes que abordan nuestras necesidades (por ejemplo, el programa Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA, Housing Opportunities for persons with AIDS), la Ley de Atención Asequible, etc.). No podemos estar satisfechos y dar por sentado que el Congreso entiende la importancia de estos programas y leyes. Hágase oír, incluso cuando sus fondos o su vida no estén en riesgo inminente.
      • Una financiación inconsistente debilita los logros de los programas e iniciativas de salud pública. La regla deberían ser inversiones estables y sólidas que se mantengan al ritmo de la inflación y respondan a las nuevas necesidades.
    •  
      • Los funcionarios elegidos nos representan. Necesitan escuchar nuestras historias (las buenas y las malas) y comprender que las decisiones que toman en el Congreso repercuten en la vida cotidiana de nuestras comunidades.
      • Déjele saber a su congresista que AIDSWatch no es la única ocasión en que el oirá sobre usted. Haga seguimiento con llamadas y correos electrónicos, visite su oficina, sea una voz constante para que él/ella sepa que está atento/a a sus votos y a su liderazgo.
      • ¡Vote! Su poder reside tanto en su voz como en su voto. Infórmese sobre las elecciones locales, estatales y federales que se celebran en su localidad y sobre qué candidatos o preguntas del cartón electoral se alinean con sus valores. Acompañe a sus amigos y familiares a votar. Contáctese con grupos de educación cívica y campañas de captación de votos.

Puede practicar la defensa continuada de las siguientes maneras:

    • Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter: publicar o volver a publicar y llamar a la acción a nuestros responsables de la toma de decisiones o proporcionar educación/concientización a la comunidad)
    • Peticiones (crear una señal de llamado a la acción para cambiar un texto legislativo).
    • Alertas de acción (crear un llamado a la acción por correo electrónico, material publicitario o carta para cambiar un texto legislativo).
    • Reuniones con las personas encargadas de tomar las decisiones.
    • Organización de base (campañas telefónicas, contacto directo puerta a puerta, sondeo en su comunidad).
    • Asociaciones y alianzas (desarrollar y crear coaliciones con vecinos, municipales o estatales entre defensores y organizaciones).
    • Voluntariado (servir y ayudar en organizaciones locales, estatales y federales).
    • Votar y animar a otros a votar.

 

La defensa siempre puede enmarcarse en torno a sus propias experiencias, ya sean vividas por usted o por quienes le rodean. La narración de historias permite visualizar algo en muy poco tiempo, y está diseñada para hacer que los responsables de la toma de decisiones actúen.

En nuestra comunidad hay muchos expertos. Siga comunicándose con amigos y colegas que conozca en AIDSWatch y comparta con los demás sus conocimientos y experiencias (por ejemplo, experiencias vividas, conocimientos y experiencias en un área política específica, formación académica, etc.).

Por favor, comuníquese con el Departamento de Políticas Públicas de AIDS United en aidswatch@aidsunited.org si tiene alguna pregunta con respecto a estas recomendaciones sobre políticas públicas o si necesita más apoyo en materia de políticas públicas sobre el VIH/SIDA.

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