Los socios de planificación de AIDSWatch — AIDS United, El Caucus del VIH en los Estados Unidos (The US People Living with HIV Caucus) y el Proyecto de Expansión de Acceso a Tratamientos/Centro para la Legislación sobre la Salud y la Innovación en las Políticas Públicas (Treatment Access Expansion Project/Center for Health Law and Policy Innovation) —determinan las prioridades en materia de políticas públicas para un informe de AIDSWatch a partir de un análisis legislativo reciente, las contribuciones de la comunidad de AIDSWatch y la orientación de las redes de personas con VIH. Los defensores de AIDSWatch 2022 están avanzando una agenda de políticas públicas ambiciosa y receptiva, que abarca la calidad de vida, el envejecimiento, la participación significativa de las personas con VIH en la política federal, los derechos civiles, las asignaciones presupuestarias y otros asuntos.
El proceso de las políticas públicas a veces se mueve rápidamente. Los socios de planificación redactaron el informe de políticas de AIDSWatch en las últimas semanas, sin embargo, se han producido algunos avances clave que queremos que los defensores de AIDSWatch conozcan. Estamos en un momento crucial para la defensa de nuestros derechos; algunas de las principales prioridades de nuestras comunidades — cerrar la brecha de Medicaid, promover la equidad racial, ampliar el acceso a la PrEP y otros — tienen la oportunidad de ser abordados y discutidos por el 117º Congreso. Pero nosotros, como defensores de AIDSWatch, tenemos que asegurarnos de que nuestros congresistas sepan que los estamos vigilando.
Abordar el fin de la emergencia de salud pública y la brecha en la cobertura de Medicaid
El gobierno federal declaró una emergencia de salud pública en respuesta a la pandemia de COVID-19. Esta declaración sentó las bases para la financiación y los cambios en las políticas públicas que abordan las necesidades creadas por la crisis del COVID-19. Además, el Congreso aprobó una serie de leyes que aumentaron significativamente la financiación federal y la flexibilidad para programas sanitarios y sociales clave durante la emergencia.
Es probable que la declaración de emergencia de salud pública expire a finales de la primavera o principios del verano. El fin de la declaración de emergencia significa que gran parte del aumento de la financiación federal y la flexibilidad también terminarán. Esto incluye el aumento de la financiación federal que requiere que los programas estatales de Medicaid proporcionen cobertura continua a todos los inscritos y la flexibilidad para aumentar el apoyo a través de programas de seguridad alimentaria como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y el SNAP para Mujeres, Bebés y Niños. Estas inversiones han sido el sustento para muchas personas con VIH y que son vulnerables a él, y la próxima reducción de la financiación será catastrófica para las más de 16 millones de personas que se espera que pierdan la cobertura sanitaria si el Congreso no actúa.
El Congreso debe actuar ahora y promulgar un proyecto de ley a través de un proceso legislativo llamado reconciliación para ayudar a aliviar el impacto que se creará cuando se ponga fin a la declaración de la emergencia de salud pública y para abordar muchos de los problemas subyacentes que han plagado nuestro país durante años.
1. Un proyecto de ley de reconciliación podría detener la pérdida catastrófica en la cobertura sanitaria.
El proyecto de ley de reconciliación Build Back Better que el Congreso debatió el pasado otoño, pero que no fue aprobado, ofrecía importantes oportunidades para ampliar la financiación federal de los programas de Medicaid y los planes de seguro médico privados disponibles en los mercados de seguros médicos. Si el Congreso aprueba esta legislación, se estima que 16 millones de personas que probablemente perderán el acceso a Medicaid cuando termine la emergencia de salud pública[1] podrían mantener u obtener acceso a la cobertura de atención médica para salvar sus vidas.
2. Un proyecto de ley de reconciliación podría cerrar la brecha de cobertura de Medicaid.
Doce estados, principalmente en el sur de Estados Unidos, no han ampliado la elegibilidad de Medicaid. Un proyecto de ley de reconciliación podría ayudar a cerrar la brecha de cobertura de Medicaid y proporcionar a las personas y familias de bajos ingresos un medio para acceder a la cobertura sanitaria necesaria.
3. Un proyecto de ley de reconciliación podría abordar las disparidades sanitarias persistentes.
Un proyecto de ley de reconciliación podría abordar las disparidades en el acceso a la atención y los resultados de salud que experimentan las personas de raza negra, los indígenas y otras personas de color, invirtiendo en iniciativas clave, como programas integrales de salud materna, programas de capacitación sin sesgos ni prejuicios para los profesionales de la salud y financiación para hacer frente a los crecientes riesgos ambientales. Otras medidas de reconciliación, como la mejora de la asistencia alimentaria para los niños en edad escolar con bajos ingresos durante el verano, servirían como una red de seguridad crítica y ayudarían a abordar la inseguridad alimentaria exacerbada por la pandemia.
Debemos presionar para que todos los miembros del Congreso promulguen un proyecto de ley de reconciliación que proteja el acceso continuo a la atención, el tratamiento y los servicios esenciales para las personas con VIH una vez finalizada la emergencia de salud pública.
